La Procuraduría General de Colombia ha iniciado una investigación contra el canciller Álvaro Leyva Durán por presuntas irregularidades en la suspensión de una licitación para seleccionar la empresa que expedirá pasaportes.
La entidad encargada de investigar a funcionarios públicos ha anunciado que examinará la posible violación de varios principios de la contratación estatal que se habrían infringido al suspender la licitación. Además del canciller, el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, también se encuentra bajo investigación en relación con este asunto.
La suspensión del proceso para elegir la empresa responsable de la emisión de pasaportes se produjo la semana pasada, cuando solo quedaba un participante en la licitación, que era la empresa Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., a pesar de que inicialmente 11 empresas habían mostrado interés en participar.
De acuerdo con el Ministerio de Exteriores la licitación se suspendió para garantizar los derechos de eventuales participantes y la defensa de la igualdad de trato y de oportunidades para quienes quisieran competir por ese contrato.
Luego de algunos días de críticas de diferentes sectores, la víspera la cancillería anunció la apertura de un nuevo proceso licitatorio.
La Procuraduría General indicó que recolectará pruebas para determinar el alcance de la investigación, la cual podría terminar en la destitución e inhabilitación de los dos funcionarios.
