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Inmigración

Activistas instan al Congreso a que no desperdicie más fondos para muro fronterizo

Activistas de grupos cívicos y ambientalistas instaron este miércoles al Congreso a que rechace más fondos para la ampliación del muro en la frontera sur, por considerarlo un “desperdicio” de fondos federales que además pone en peligro a la vida silvestre y las comunidades en la zona.

En un informe de 71 páginas, la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) y varios grupos ambientalistas, indicaron que el proyecto del muro fronterizo “no se apoya en los hechos” y perjudica a las comunidades fronterizas, altera el delicado equilibrio del ecosistema en la zona, y obliga a los migrantes a tomar rutas por el desierto, más remotas y peligrosas, donde miles ya han perdido la vida.

El análisis, titulado “Muerte, daño y fracaso: los impactos del pasado, presente y futuro en la frontera entre EEUU y México”, evaluó el impacto y la eficacia de muros en la frontera en los últimos 20 años, y determinó que la construcción de más barreras, muros o vallas, no aumenta la seguridad nacional.

Además, “sería un tremendo desperdicio de dólares de los contribuyentes, agravaría el daño al medio ambiente en las comunidades fronterizas –donde viven 15 millones de personas-, e incrementaría la tasa anual de muertes de migrantes.

Los muros dividen los hábitats de las especies, afectando su movilidad y sustento, y suponen un “desastre” para las 93 especies bajo amenaza o peligro de extinción en la zona, incluyendo jaguares, ocelotes, muflones, y los lobos grises de México, indicó el informe, preparado con la colaboración del “Centro para la Diversidad Biológica”, el Sierra Club, y el “Southwest Environmental Center”.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, el autor del informe, Scott Nicol, precisó que, como han demostrado otros estudios en el pasado, los muros no frenan la inmigración ilegal ni fortalecen la seguridad nacional y, por el contrario, aumentan el gasto público y causan muertes de migrantes y destrucción ambiental.

Por lo tanto, el Congreso debe imponer una moratoria a la ampliación del muro, indicaron los activistas.

Astrid Domínguez, directora del Centro para los Derechos de la Frontera de ACLU , dijo que la política de seguridad fronteriza debe fundamentarse en datos y análisis claros, amplias consultas, y con apego a la ley, y el Congreso debe rechazar propuestas para militarizar aún más la frontera.

El pasado 24 de julio pasado, otro extenso informe, publicado en la revista “BioScience”, también detalló el daño ecológico de los muros fronterizos y recibió el respaldo de más de 2,500 científicos internacionales.

No es la primera vez que los activistas lanzan advertencias sobre los daños del muro fronterizo, pero el jnforme fue divulgado en medio de las negociaciones presupuestarias para el año fiscal 2019, que incluyen más fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En el Congreso, no hay apetito para provocar un cierre del gobierno el próximo 30 de septiembre por culpa de disputas sobre el muro.

Además, los activistas del movimiento ecologista aguardan la inminente decisión del Noveno Circuito de Apelaciones, que deberá pronunciarse sobre si el DHS tiene o no la autoridad de ignorar otras leyes federales, o levantar restricciones ambientales, para facilitar la construcción del muro.

Para la construcción de muros desde 2005, el DHS se ha apoyado en la sección 102 de la ley “Real ID”, aprobada ese año, que le permite hacer exenciones de cualquier otra ley federal, incluyendo para proteger el medio ambiente, sin examinar alternativas.

Ya existen muros o barreras a lo largo de 654 millas en la frontera del suroeste, y la Administración ha pedido más fondos para ampliar el proyecto en el año fiscal 2019, que comenzará el próximo 1 de octubre.

Para el año fiscal 2019, la Cámara de Representantes preparó una versión que autoriza $5,000 millones para el muro y la seguridad fronteriza, incluyendo fondos para la contratación de más de 375 agentes de la Patrulla Fronteriza.

Pero ese proyecto de ley tendría que ser armonizado con la versión del Senado, que autoriza $1,600 millones para el muro.

El Congreso ya había aprobado $2,000 millones para el muro fronterizo el año pasado.

Desde 1986, el Congreso ha aprobado cerca de $300,000 millones para medidas policiales migratorias, es decir, ya había un gasto excesivo en la vigilancia fronteriza antes de que el presidente Donald Trump llegara al poder, según ACLU.

El pasado 7 de septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) dijo que ampliará el periodo de comentarios públicos, hasta el próximo 6 de noviembre, sobre la construcción de un tramo de 33 millas de muro fronterizo, que partiría en dos el parque estatal Bentsen en el Valle del Río Grande y otros sitios ecológicos en la zona.

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